Cáritas hizo ayer un serio llamamiento al Estado y a las administraciones públicas a incrementar los esfuerzos en protección social, después que en 2009 batiera su propio récord de atención a familias afectadas por la crisis económica.

Según sus estimaciones, en este año que está a punto de terminar más de 800.000 personas golpearon las puertas de esta institución de la Iglesia en busca de ayuda básica como alimentos, ropa, pagos de alquileres, hipotecas, gastos de la vivienda, suministros, etc. En tres años, la demanda sólo en estos programas de acogida y asistencia se duplicó, atendiendo a nada menos que a 1,8 millones de personas.

«Cáritas no puede sustituir las obligaciones del Estado y tampoco tiene la capacidad de resolver la pobreza en España», alertó ayer el nuevo secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, quien recordó que «la crisis no va para atrás sino que sigue avanzando y la resaca va a ser larga».

Precariedad pública

Las conclusiones del IV Informe sobre la Acción Social ante la Crisis, presentado ayer en la sede de Cáritas Española, revela sobre todo «la precariedad de los servicios sociales públicos en los que no se cubren muchas de las necesidades básicas que se solicitan».

De hecho, según se desprende de este estudio, el 52 por ciento de las personas atendidas por Cáritas vienen derivadas de la administración.

El fuerte volumen de la demanda y los escasos recursos provocan, además, que el tiempo de espera medio para recibir cualquier tipo de ayuda por parte de los servicios públicos también se haya prolongado. De promedio, la resolución de cualquier tramitación, con independencia de que se trate de una situación de emergencia, es de tres meses o más, denuncia Cáritas en su informe.

«Esta demora -señala- lleva como consecuencia que Cáritas asuma la cobertura inmediata de las necesidades urgentes de estas familias e incluso el adelanto de las cantidades que vayan a ser concedidas por los servicios públicos, pero que no se hacen efectivas inmediatamente».

En el caso concreto de la tramitación de la renta básica o mínima de inserción, el tiempo de espera entre la solicitud y el cobro efectivo de la misma ha pasado de los 98 a los 113 días, es decir, 15 días más que un año atrás.

Además, los criterios de acceso a esta prestación no sólo «se han endurecido» sino que «son muy desiguales» entre las comunidades autónomas. Según el informe de Cáritas, la exigencia mínima de empadronamiento va de 0 a 36 meses; la cuantía mensual recibida, de 270 a 640 euros, y la duración de la prestación, de los 6 a los 36 meses e incluso puede ser indefinida.

Una donación de 3 millones

Durante el acto de presentación del informe, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Juan Antonio Martínez Camino, entregó a los responsables de Cáritas Española una aportación de 3 millones de euros, correspondientes al 1, 5 por ciento del Fondo Común Interdiocesano (FCI).

Los obispos decidieron realizar esta donación durante la última Asamblea Plenaria de la CEE, como signo orientado «a estimular la generosidad de todos», señaló el portavoz de los obispos. «Quiero hacer una llamada -subrayó-a los católicos y a toda la gente que confía en Cáritas para que sigan aportando su ayuda personal y económica».