Así se desprende de la exposición que hizo ayer la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, en la correspondiente comisión parlamentaria para explicar, a petición propia, las ayudas a las familias navarras. Aunque García Malo no anunció explícitamente la supresión de estas ayudas, tampoco las incluyó entre las que sí se mantendrán durante este año: las ayudas por excedencia para cuidar de los hijos, las ayudas por nacimiento del tercer hijo, las ayudas por partos múltiples y las ayudas por el nacimiento del cuarto y sucesivos hijos.

Nuevas ayudas para padres

Las ayudas que concede el Gobierno foral para los padres que cogen una excedencia laboral para hacerse cargo de sus hijos, a partir del segundo, presentarán este año dos importantes novedades. La primera es la creación de una nueva modalidad de esta ayuda dirigida específicamente a los hombres que opten por pedir excedencia: recibirán 600 euros mensuales durante 10 meses. La segunda consiste en la ampliación de ocho a diez meses para la duración de la ayuda que se concedía hasta el momento a las madres, o padres, que solicitasen excedencia para cuidar a sus hijos, a partir del nacimiento del segundo. Esta ayuda, de 417,27 euros al mes, mantendrá su cuantía durante 2010.

El hecho de que la nueva ayuda dirigida a los padres tenga un importe superior en un 43,79% a la que se concederá a las madres pretende “ser un incentivo para que quienes soliciten el permiso sean también los padres”, explicó la consejera García Malo. Añadió que con esta nueva ayuda pretende reforzarse una tendencia que ya se ha observado entre los años 2008 y 2009. Hace dos años, de los más de 800 solicitantes de ayudas por excedencia, sólo 15 fueron hombres. El año pasado, 24 de las más de 940 solicitudes fueron firmadas por hombres, lo que representa un incremento del 60%.

“Entendemos que el objetivo de la corresponsabilidad requiere de una acción positiva sobre la figura del padre, como referente cuidador en los primeros meses de vida de cada hijo. Somos conscientes de que esta ayuda va a generar una demanda lenta, pero creemos que con el tiempo se irá consolidando y contribuirá a una conciliación mayor”, explicó García Malo.

Financiación y plazos

El año pasado, las ayudas por excedencia contaron con una consignación presupuestaria de 2,2 millones de euros. En el presupuesto de este año, la partida figura con 2,5 millones, por lo que habrá 300.000 euros más para financiar la ampliación de las ayudas de ocho a diez meses. En cuanto a la nueva ayuda por excedencia para padres, contará con una financiación de 500.000 euros que proceden de la partida presupuestaria “Ayudas a la conciliación”.

Desde el departamento de Asuntos Sociales se explicó ayer que esta nueva ayuda para padres que pidan excedencia por cuidado de hijos tendrá efectos desde el 1 de enero de este año, si bien todavía no se ha aprobado la normativa que la regulará de forma definitiva. El departamento prevé tener aprobado el decreto foral para finales de marzo.

Los requisitos para acceder a la ayuda por excedencia serán los mismos para padres y madres: estar laboralmente activo durante los seis meses anteriores al momento de solicitar la excedencia y dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social. En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, se requerirán 180 días dentro del cómputo anual, en lugar de los seis meses. La ayuda por excedencia cubre el nacimiento o la adopción a partir del segundo hijo.

Por otra parte, la consejera anunció que el departamento estudia la implantación de una nueva medida de conciliación que pasaría por conceder una ayuda para contratar a personas que atiendan a personas mayores no dependientes y a hijos menores de 12 años durante el tiempo en el que los padres trabajan. “Se pretende, además de generar empleo y facilitar que este tipo de trabajos no los realicen mujeres desde la economía sumergida, poner en valor los cuidados y disminuir el número de excedencias y reducciones de jornadas en mujeres”, explicó la consejera.

El texto, difundido este lunes por el Ministerio de Economía, incluye en la disposición final primera la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el objetivo de “proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet”.

Hasta ahora se podía interrumpir por orden judicial el servicio de Internet en cuatro supuestos: la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y la protección de la juventud y de la infancia.

No obstante, de aprobarse el anteproyecto, que está en proceso de consultas, tal y como lo ha redactado el Ejecutivo, a estos cuatro supuestos se añade el de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, por lo que un juez podrá ordenar interrumpir la prestación del servicio de Internet en caso de que vea vulnerado ese derecho, informa Europa Press.

Además, se introduce un nuevo apartado segundo del artículo 8 Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información en el que se establece que los órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación de la persona que está vulnerando el derecho de propiedad intelectual, y los operadores “estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan”.

Comisión de Propiedad Intelectual
Asimismo, se establece que el Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, “velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información” y se crea dentro de este ministerio la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

La Comisión estará dividida en dos secciones, una Sección Primera que ejercerá las funciones de mediación y arbitraje y una Sección Segunda que velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información. La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes, en el caso d e que se produzca un conflicto.

La Cámara Baja rechazó, con 134 votos a favor, 183 en contra y una abstención la propuesta del Grupo Popular de tramitar este real decreto como proyecto de ley.

El Decreto tiene por objeto “la adopción de medidas de control del gasto farmacéutico mediante una modificación del sistema de precios de referencia y una rebaja del precio de los medicamentos genéricos”, en línea con lo aprobado por Gobierno y Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado 18 de marzo de 2010.

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Sesión del martes

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes, con 337 votos a favor, uno en contra y una abstención, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV) para facilitar la adjudicación directa de contratos del sector público a Centros Especiales de Empleo.

Por otro lado, la Cámara Baja aprobó, con 338 votos a favor y una abstención, iniciar la tramitación de otra proposición de ley de CiU de  de modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de la Ley 30/1984, de medidas de reforma para la función pública, en su redacción dada por la Ley 53/2003, para incrementar del 5 al 7 por ciento el cupo de reserva de empleo público para personas con discapacidad.

A continuación, se aprobó por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la difusión y promoción de la iniciativa de estándares internacionales de privacidad, y se aprobó, con 327 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de apoyo a la oposición democrática en Cuba, con una enmienda de sustitución del Grupo Socialista.

Asimismo, el Pleno aprobó, por unanimidad y con una enmienda transaccional, la moción consecuencia de interpelación urgente de CIU relativa al sector textil- confección y,  con 321 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, la moción del Grupo Popular sobre la reforma del gobierno local y su nuevo modelo de financiación, que fueron debatidas el miércoles 24 de marzo.

Por último, se aprobó, con 324 votos a favor y 14 abstenciones, la convalidación del Real Decreto- Ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las inundaciones acaecidas en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. El Pleno rechazó, con 16 votos a favor, 183 en contra y 139 abstenciones, la solicitud de CiU de tramitar este decreto como proyecto de ley.

Según los datos de la Asociación Española de Banca (AEB), la morosidad repuntó al 4,07%, frente al 2,41% de un año antes. Si se consideran sólo los datos de los clientes en España, la mora sería del 4,86% frente al 2,65% de 2008.

El presidente de la AEB, Miguel Martín, ha afirmado que lo mejor que se puede decir de 2009 es que “ya pasó” y de 2010, “que pase cuanto antes”.

“El sistema financiero español tiene lo que tiene que tener para salir de la crisis”, ha afirmado.

Las provisiones para hacer frente a la morosidad ascendieron a 24.241 millones.

El sector recortó, además, su número de empleados en casi 5.000, lo que supone un 4,6%, y el de oficinas, en 735 -el 4,8%-. De este modo, el número total queda en 103.436 y 14.687, respectivamente.

¿En qué consiste?

 La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que actualmente se acogen 22,7 millones de hogares y pequeñas empresas, subirá a partir del 1 de enero el 2,64%. Según cálculos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la subida de la TUR sin discriminación horaria supondrá un incremento mensual de 89 céntimos para un consumidor tipo medio (aquel que consume unos 293 kilovatios hora al año).
Por su parte, la TUR con discriminación horaria -antigua tarifa nocturna- no se encarecerá.
Tampoco sufrirán incrementos los beneficiarios del denominado bono social, al que tienen derecho las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios (kw), así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en situación de desempleo.

 Según Industria, los consumidores que tienen TUR con discriminación horaria y los usuarios acogidos al bono social suman en conjunto 4,2 millones de hogares.
También darán un respiro los precios del gas natural para usuarios domésticos, las tarifas T1 (sin calefacción) y T2 (con calefacción), que permanecerán invariables en su revisión trimestral.
En el sector del transporte destacan las subidas aplicadas en los billetes de Renfe, que serán del 4% en los servicios de Alta Velocidad y larga distancia, y del 6% en los trenes de Cercanías y de Media Distancia.
A ello habrá que sumar las revisiones al alza en las tarifas de transporte urbano en varias ciudades españolas; destaca en Madrid la subida del metrobus de diez viajes, de 7,4 a 9 euros, lo que implica un encarecimiento del 21,6%.

En cambio, los usuarios han recibido la buena noticia de la rebaja, aunque muy leve, de las tarifas de las autopistas de peaje dependientes de la Administración General del Estado, que bajarán entre el 0,48% de la de Estepona-Guadiario y el 0,05% en las demás; excepcionalmente, la autopista Villalba-Adanero aplicará una subida del 2,39%. En el área de telecomunicaciones, la CMT ha decidido mantener congelada, por segundo año consecutivo, la cuota de abono de línea fija de Telefónica en 13,97 euros (más IVA), lo que ayudará a reducir la diferencia de precios respecto a la media europea. En materia fiscal destaca la subida del IVA, aunque su entrada en vigor no llegará hasta el 1 de julio.

El incremento afectará al tipo general, que se elevará dos puntos, hasta el 18%, y al reducido, que subirá un punto, hasta el 8%, mientras que el IVA superreducido para productos básicos se mantendrá en el 4%. En cuanto a las rentas del capital, sube a partir de enero la tributación de todos los instrumentos de ahorro -como incrementos patrimoniales, depósitos bancarios o dividendos, entre otros- que hasta ahora tenían un gravamen del 18%.
A partir de ahora, las ganancias del capital hasta 6.000 euros se gravarán al 19%, mientras que los importes superiores tributarán al 21%. Por otro lado, se mantiene la deducción de los 400 euros para las rentas con base imponible inferior a 8.000 euros y con carácter progresivo hasta 12.000 euros anuales, lo que beneficiará a dos millones de personas.

 La llegada del nuevo año también trae consigo la revisión de las pensiones, que en esta ocasión implica subidas del 1% para las pensiones contributivas y de entre el 2% y el 4,87% para las mínimas. Asimismo, el salario mínimo interprofesional se situará en 633,30 euros brutos al mes, lo que supone una subida del 1,5% respecto al que se percibe este año. EFECOM

I.

Las ventajas económicas, sociales y laborales que ofrece el alquiler son innumerables. Entre otras, facilita la elección de vivienda de los ciudadanos, adecuándola a las diferentes necesidades del ciclo vital, propicia el aumento de la movilidad geográfica de los trabajadores, permite disminuir el endeudamiento de los hogares y ofrece mayor flexibilidad ante cambios en los ingresos de la unidad familiar.

Sin embargo, el alquiler no ha sido la opción mayoritariamente escogida por los ciudadanos en los últimos años para acceder a la vivienda. A la preferencia generalizada por la compra han contribuido diversos factores, como las propias características del mercado de vivienda en alquiler, los incentivos ofrecidos por los poderes públicos y unas condiciones financieras favorables al endeudamiento. Todo ello contribuyó a que, lejos de incrementarse, en términos relativos el porcentaje de vivienda en alquiler fuera perdiendo terreno en beneficio de la vivienda en propiedad. De hecho, el alquiler en España representa tan sólo el 11 por ciento del mercado de vivienda, cuando la media europea está situada en el entorno del 40 por ciento.

Si bien es cierto que en los últimos años esta situación descrita ha empezado a cambiar y, de hecho, ya se incrementan más los nuevos hogares que acceden a una vivienda en régimen de alquiler que los que acceden a ella en régimen de propiedad, siguen siendo necesarias medidas de estímulo, tanto las dirigidas a ayudar a las familias de menor capacidad económica a hacer frente a los pagos de las rentas arrendaticias y favorecer la emancipación de los jóvenes, como también las orientadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a fomentar el incremento de la oferta en el mercado del alquiler, de las que se ocupa esta Ley.

Por otro lado, tal y como señala la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, el sector de la edificación tiene un fuerte impacto en el consumo energético, representando, aproximadamente, el 17 por ciento de toda la energía final consumida en España. Es necesario, por tanto, continuar con las reformas que permitan incrementar la eficiencia energética de los edificios en España, tras los significativos avances logrados en los últimos años con la aprobación de las normas técnicas básicas sobre los requerimientos mínimos y la certificación de eficiencia energética de edificios.

Con este objeto, se modifican la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler y la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.

II

El artículo primero modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar los supuestos en que no procede la prórroga obligatoria del contrato, de tal modo que se extiende a aquellos casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda para sus familiares en primer grado, es decir, para los padres y los hijos o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que así se haya hecho constar expresamente en el contrato para evitar fraudes y preservar la necesaria seguridad jurídica.

El artículo segundo modifica diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.

Así, por ejemplo, se someten al mismo régimen jurídico los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas y los procesos de desahucio por expiración legal o contractual del plazo del arrendamiento. Se amplía también el ámbito del juicio verbal para que puedan sustanciarse por este procedimiento las reclamaciones de rentas derivadas del arrendamiento cuando no se acumulan al desahucio, lo que permite salvar, en su caso, la relación arrendaticia, algo que hasta ahora se dificultaba porque el propietario acreedor de rentas o cantidades debidas se veía obligado a acumular su reclamación a la del desahucio si quería acudir al juicio verbal, más sencillo y rápido que el juicio ordinario. Igualmente, cuando las reclamaciones de rentas o de cantidades debidas accedan al proceso monitorio y se formule oposición por el arrendatario, la resolución definitiva seguirá los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. Además, en varios supuestos se reducen plazos y se eliminan trámites no sustanciales que hasta ahora dilataban en exceso la conclusión del proceso.

Finalmente, el artículo tercero modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética del edificio, lo que permitirá a los hogares españoles reducir el coste de la factura energética y contribuirá a combatir el cambio climático. Este objetivo inspira también el régimen aplicable a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios.

Artículo primero. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

El apartado 3 del artículo 9 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, queda redactado en los siguientes términos:

«3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, el arrendador deberá reponer al arrendatario en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o indemnizarle, a elección del arrendatario, con una cantidad igual al importe de la renta por los años que quedaren hasta completar cinco, salvo que la ocupación no pudiera tener lugar por causa de fuerza mayor.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:

Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 21, que queda redactado del siguiente modo:

«3. Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacción previsto en el apartado 3 del artículo 437 para los juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el plazo del desalojo establecido en la transacción, ésta quedará sin efecto, y que se llevará a cabo el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y hora fijadas en la citación si ésta es de fecha posterior, o en el día y hora que se señale en dicha resolución.»

Dos. Se modifica el apartado 4 y se introduce un nuevo apartado 5 al artículo 22, que quedan redactados del siguiente modo:

«4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el Secretario judicial si, antes de la celebración de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiese tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

5. La resolución que declare enervada la acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 33, que queda redactado del siguiente modo:

«4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deberá solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesar la designación de abogado y procurador de oficio dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.»

Cuatro. El apartado 3 del artículo 155 queda redactado del siguiente modo:

«3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.

Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.

Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial.»

Cinco. Se añade un nuevo párrafo al artículo 164, que queda redactado en los siguientes términos:

«En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más tramites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.»

Seis. El artículo 220 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 220. Condenas a futuro.

1. Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte.

2. En los casos de reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandante lo hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda, la sentencia incluirá la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda.»

Siete. Se modifica el ordinal 6.º del apartado 1 del artículo 249, que queda redactado del siguiente modo:

«6. Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia.»

Ocho. Se modifica el ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 250, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.»

Nueve. La regla 9 del artículo 251 queda redactada del siguiente modo:

«9. En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato.»

Diez. La regla 2 del artículo 252 queda redactada del siguiente modo:

«2. Si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con la acción principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas. Pero si el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera.

Para la fijación del valor no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino sólo los vencidos. Tampoco se tomará en cuenta la petición de condena en costas.

Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor.»

Once. El apartado 3 del artículo 437 queda redactado del siguiente modo:

«3. Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549.»

Doce. El apartado 3 del artículo 438 queda redactado del siguiente modo:

«3. No se admitirá en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, salvo las excepciones siguientes:

1. La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda, en todo caso, el juicio verbal.

2. La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea prejudicial de ella.

3. La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se reclame. Asimismo, también podrán acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento de pago no satisfecho.»

Trece. El apartado 3 del artículo 440 queda redactado del siguiente modo:

«3. En los casos de demandas de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, se indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, así como, si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, que la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21, a cuyo fin se otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste si acepta el requerimiento.

En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en la citación que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia, el sexto día siguiente a contar del señalado para la vista. Igualmente, en la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá producirse antes de un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.»

Catorce. El apartado 1 del artículo 447 queda redactado del siguiente modo:

«1. Practicadas las pruebas si se hubieren propuesto y admitido, o expuestas, en otro caso, las alegaciones de las partes, se dará por terminada la vista y el Tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días siguientes. Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del Tribunal para recibir la notificación, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en las sentencias de condena por allanamiento a que se refieren los apartados 3 de los artículos 437 y 440, en previsión de que no se verifique por el arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con carácter subsidiario día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento directo del demandado, que se llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de dicho periodo voluntario. Del mismo modo, en las sentencias de condena por incomparecencia del demandado, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin más trámite.»

2. No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como sumarias.»

Quince. Se añade un nuevo párrafo al artículo 494 con la siguiente redacción:

«No procederá el recurso de queja en los procesos de desahucios de finca urbana y rústica, cuando la sentencia que procediera dictar en su caso no tuviese la consideración de cosa juzgada.»

Dieciséis. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 497 con la siguiente redacción:

«Cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.»

Diecisiete. Se añaden nuevos apartados 3 y 4 del artículo 549, que quedan redactados del siguiente modo:

«3. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de la sentencia sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la citación al demandado.

4. El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo previsto en tales casos.»

Dieciocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 703, que queda redactado del siguiente modo:

«4. Si con anterioridad a la fecha fijada para el lanzamiento, en caso de que el título consista en una sentencia dictada en un juicio de desahucio de finca urbana, se entregare la posesión efectiva al demandante, acreditándolo el arrendador ante el Secretario judicial encargado de la ejecución, se dictará decreto declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta del estado en que se encuentre la finca.»

Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 818, que queda redactado del siguiente modo:

«3. En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y éste formulare oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía.»

Veinte. Se modifica la letra b) del apartado 2 de la disposición adicional quinta, que queda redactada del siguiente modo:

«b) Desahucios de finca urbana por expiración legal o contractual del plazo o por falta de pago de rentas o cantidades debidas y, en su caso, reclamaciones de estas rentas o cantidades cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio.»

Artículo tercero. Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, de modo que los apartados 3 y 4 quedan redactados del siguiente modo:

«3. El establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los mencionados en el apartado anterior que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios.

No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el sistema de repercusión de costes establecido en el apartado anterior.

Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en la misma.

4. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria serán validos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.

Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los párrafos anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte días, contados desde la petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.»

Disposición adicional primera. Ayudas a inquilinos con alta vulnerabilidad social.

En las ayudas estatales para facilitar el acceso a la vivienda y su disfrute efectivo se prestará especial atención a las circunstancias de los inquilinos que se encuentren en situación de baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social.

Disposición adicional segunda. Medidas para garantizar la eficiencia hídrica de los edificios.

Las Administraciones Públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para garantizar la eficiencia hídrica de los edificios. Estas medidas incluirán la incorporación de mecanismos o dispositivos reguladores de caudal, que permitan la elección de diferentes tipos de suministro y la aplicación de diferentes tipos de tarificación.

Para ello establecerán medidas vinculantes para nuevos edificios y para las redes públicas y privadas, así como para la incorporación gradual de estas medidas en los edificios y redes ya existentes.

Disposición transitoria primera.

Lo dispuesto en el artículo segundo de esta Ley será de aplicación en los procesos que se incoen con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante lo anterior, a partir de la sentencia que recaiga en procesos ya iniciados en el momento de su entrada en vigor, se aplicará a todos los efectos esta Ley.

Disposición transitoria segunda.

Las nuevas atribuciones de competencia al Secretario judicial recogidas en el artículo segundo de esta Ley no se harán efectivas hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera. Título competencial.

1. Los artículos primero y tercero de esta Ley se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución.

2. El artículo segundo de esta Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6.ª de la Constitución, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor de la Ley.

Esta Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 23 de noviembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

De las 3.000 fijadas se ha pasado a casi 6.000 inspecciones a empresas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres

18 dic 09. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el plan de actuaciones en materia de igualdad durante el presente año.

La realización de un plan de actuaciones para la vigilancia en las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fue propuesto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras la aprobación en 2007 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre sexos en la que se establecía nuevas obligaciones para las empresas como las relativas, entre otros objetivos, a evitar cualquier tipo de discriminación laboral y que se desarrollaría en forma de planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social propuso la realización de un plan de actuaciones a realizar durante el periodo 2008-2010 que incluiría un determinado número mínimo de actuaciones inspectoras en cada comunidad autónoma.

El objetivo cualitativo del plan lo constituye la vigilancia del cumplimiento de toda la normativa que contiene obligaciones empresariales dirigidas a conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a impedir la discriminación por razón de género, a garantizar los derechos de las mujeres y hombres a conciliar la vida familiar y laboral y a garantizar la protección de la salud y la seguridad de las mujeres por razón de maternidad, embarazo y lactancia.

OBJETIVOS AMPLIAMENTE SUPERADOS

El objetivo cuantitativo inicial se cifró en visitas de Inspección a 10.000 empresas: 3.000 durante 2008; 3.000 en 2009 y 4.000 en 2010. Las inspecciones se llevan a cabo sobre todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño, aunque se han centrado en las de más de 50 trabajadores, dado que los estudios especializados sobre la materia ponen de manifiesto que las situaciones de discriminación por razón de género se centran en este tamaño de empresas, y con especial atención a las de más de 250 trabajadores.

Las actuaciones inspectoras tienen una doble naturaleza: rogada, es decir comprobando las denuncias formuladas por trabajadores y ciudadanos, y planificadas, que suponen el 50% del total de la actividad y que van dirigidas a empresas previamente seleccionadas en función de distintos criterios.

Dentro de las actuaciones para 2009 se aprobó realizar una campaña específica dirigida a comprobar la existencia de discriminación salarial directa o indirecta en los sectores de hostelería, entidades financieras, comercio, industria textil, siderometalúrgica y limpieza. Los resultados se conocerán una vez finalice el presente año.

Además de la actividad rogada, en la que se comprobarán todas las denuncias que se formulen, para la realización de la campaña se han seleccionado empresas de 20 provincias incluidas en tres tramos: de menos de 50 trabajadores, de 50 a 250 y de más de 250. En ellas la Inspección examinará las nóminas de los trabajadores con el fin de comprobar si hay diferencias entre lo que perciben hombres y mujeres.

El interés que el tema de la no discriminación ha suscitado tanto en los organismos como en las empresas y los ciudadanos han motivado una concienciación que se tradujo ya en 2008 en un incremento de las actuaciones previstas que pasaron de las 3.000 iniciales a 4.028 y, sobre todo a un incremento espectacular de casi el 50% en 2009, en que, sin haber finalizado el año ya se han efectuado 5.608.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho se ha reunido con las asociaciones de autónomos para informarles de que el Consejo de Ministros del próximo día 30 aprobará el proyecto de Ley que establece una protección por cese involuntario de actividad para los trabajadores y trabajadoras autónomos.

Corbacho se ha referido al dictamen emitido por el CES y ha señalado que ha sido favorable. Aunque ha matizado “que hay una serie de recomendaciones que se tendrán en cuenta”. Sin embargo, una vez conocido el informe del CES, “hemos convenido, subraya el ministro, en no perder tiempo y llevarlo al Consejo de Ministros el día 30 de este mes e iniciar los trámites en sede parlamentaria”. Para el titular de Trabajo es importante dotar al trabajador autónomo de una protección jurídica y social. “Y estamos dando pasos, para igualar al autónomo con otros trabajadores por cuenta ajena” ha manifestado.

El titular de Trabajo e Inmigración, ha expresado finalmente su deseo de que se “apruebe mayoritariamente y por unanimidad y no se alargue excesivamente en trámite parlamentario”.

Las temidas sanciones

No renovar tu demanda de desempleo conlleva perder en el primer despiste un mes del pago de la prestación, tres meses en el segundo despiste, seis meses si te despistas por tercera vez, y si eres de lo más torpe y no la renuevas a la cuarta vez dejarás de cobrarla.

La buena noticia es que, si te da pereza hacer cola en la oficina del desempleo, debes saber que ahora lo ponen más fácil. En casi toda España ya es posible hacer la renovación por internet. Además, en Andalucía por ejemplo también existe una red de cajeros en las oficinas para hacer este trámite y otras gestiones laborales. Ten en cuenta que si deseas fichar vía internet es mejor que no lo hagas desde un ordenador de acceso público, pues deberías enviar información personal a través de la red.

Para realizar esta operación debes informarte de los pasos a realizar en la web de la oficina virtual de empleo de tu comunidad. Por lo general no es muy complicado. La mayoría de estos organismos admiten el uso de un certificado digital. Para obtenerlo sólo es necesario que sigas los pasos que te explican en esta página. Una vez que lo pidas deberás recogerlo personalmente en una oficina que te indicarán al realizar los pasos, pues debe verificarse tu identidad.

Es un trámite que merece la pena hacer, pues una vez que tengas tu certificado vas a ahorrarte no sólo la cola para renovar tu demanda de empleo, también vas a poder muchas otras gestiones y acceder a documentación en organismos públicos y algunas empresas, como es el caso de algunos bancos. Por ejemplo, en ciertas comunidades autónomas incluso permiten darte de alta como desempleado a través de internet y la Seguridad Social te permite acceder a los informes de tu vida laboral.

A propósito, si desconfías de tu memoria y piensas que puedes olvidarte del día en el que se hace este trámite —presencialmente o en la red— usa tu teléfono móvil y programa una alerta, utiliza algún programa que te envíe con antelación recordatorios al correo electrónico, o incluso usa una maravillosa libreta de papel y un bolígrafo. Todo con tal de que no faltes a esta cita inexcusable.

Toma nota

• Internet para tiempos de crisis I y II
• Andalucía: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Aragón: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Asturias: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Baleares: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Canarias: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Cantabria: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Castilla-La Mancha: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Castilla y León: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Cataluña: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Comunidad Valenciana: Servicio de empleo. Renueva tu demanda .
• Extremadura: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Galicia: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• La Rioja: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Madrid: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Murcia: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Navarra: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• País Vasco: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.
• Ceuta y Melilla: Servicio de empleo. Renueva tu demanda.

Conciliación familiar y profesional 
Trabajadoras y trabajadores afectados por el Estatuto de los Trabajadores

•
Se reconoce el derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de
trabajo para conciliar la vida personal y familiar con la laboral.
•
Esta adaptación de la jornada se realizará en la forma que se establezca en la
negociación colectiva o por acuerdo con la empresa.
Permisos

•
Se crea un nuevo permiso remunerado de 2 días, en los casos de intervención
quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el segundo grado de
consaguinidad o afinidad, siempre que precise reposo domiciliario. Cuando sea
necesario un desplazamiento, el permiso será de 4 días.
•
La duración del permiso de lactancia, se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto múltiple y se podrá disfrutar acumulándolo en jornadas
completas en los términos previstos en la negociación colectiva o por un acuerdo
con la empresa.
•
Se podrá reducir la jornada laboral entre un octavo (antes un tercio) y la mitad
para el cuidado de un menor de ocho años (antes seis años) o persona con
discapacidad, con la disminución proporcional del salario.
Vacaciones

Se podrán disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año
natural a que correspondan, si coinciden con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el descanso por maternidad.

Excedencias

•
El trabajador o trabajadora con, al menos, un año de antigüedad en la empresa,
puede pedir una excedencia voluntaria por un plazo mínimo de 4 meses (antes
el mínimo eran dos años).
•
Se reconoce la posibilidad de disfrutar de forma fraccionada la excedencia por
cuidado de hijo o hija y de un familiar hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad.
•
La excedencia por cuidado de hijo o hija se extiende a los supuestos de
acogimiento provisional.
•
La excedencia por cuidado de un familiar puede ser de hasta 2 años (antes un
año).
•
La excedencia por cuidado de hijo o hija o de un familiar hasta un segundo
grado por consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por si mismo, se
considera periodo cotizado.
Suspensión del contrato de trabajo

Se introducen como nuevas causas de suspensión del contrato de trabajo:

•
El permiso de paternidad.
•
La situación de riesgo durante la lactancia de un menor de nueve meses.
•
El permiso por acogimiento simple no inferior a un año.
•
Los permisos por adopción y acogimiento de los menores de más de seis años
si son discapacitados, o tienen especiales dificultades de inserción social y
familiar debidamente acreditadas.
Permiso por maternidad

El permiso de maternidad por parto se podrá disfrutar por el otro progenitor o
progenitora si fallece la madre, aunque ésta no realizara ningún trabajo
remunerado.

La madre podrá continuar disfrutando del permiso de maternidad por parto hasta
concluir las dieciséis semanas si fallece la hija o hijo.

El progenitor o progenitora que esté disfrutando el permiso de maternidad por parto
que le haya cedido la madre, continuará disfrutándolo aunque la madre no se
reincorpore a su puesto de trabajo por estar en situación de incapacidad temporal.

Se establece la posibilidad de ampliar el permiso de maternidad hasta 13 semanas
en los casos de parto prematuro y de recién nacidos que precisen hospitalización
superior a siete días a continuación del parto.

El permiso por maternidad se amplia en 2 semanas más para los supuestos de
discapacidad de la hija o hijo, o del menor adoptado o acogido.

Se flexibilizan los requisitos de cotización para el reconocimiento de la prestación
económica por maternidad:

•
No se exige un periodo mínimo de cotización para las trabajadoras y
trabajadores menores de 21 años.
•
Para las trabajadoras y trabajadores con edad entre 21 y 26 añossólo se les
exige 90 días de cotización dentro de los 7 últimos años, o 180 días
cotizados en toda su vida laboral.
•
Si se es mayor de 26 años se exigen 180 días en los 7 años inmediatos
anteriores, o 360 días en toda su vida laboral.
Además, las trabajadoras que no reúnan el periodo de cotización exigido según su
edad tendrán derecho en el caso de parto a una prestación económica por
maternidad de 42 días.

Cuando se esté disfrutando del permiso de maternidad y se extinga el contrato de
trabajo, se continuará percibiendo la prestación por maternidad hasta su finalización,
y seguidamente se podrá percibir la prestación por desempleo siempre que reúnan
los requisitos exigidos.

Cuando se esté en situación de desempleo, el tiempo de permiso por maternidad no
se descuenta de la prestación por desempleo.

Permiso por paternidad

anteriores, o 360 días a lo largo de toda su vida laboral, con independencia de
cuál sea su edad.

•
Cuando se esté disfrutando del permiso de paternidad y se extinga el contrato
de trabajo, se continuará percibiendo la prestación por paternidad hasta su
finalización, y seguidamente se podrá percibir la prestación por desempleo
siempre que reúnan los requisitos exigidos.
•
Cuando se esté en situación de desempleo, el tiempo de permiso por paternidad
no se descuenta de la prestación por desempleo.
•
Durante el permiso por paternidad se seguirá cotizando a la Seguridad Social.
•
Este nuevo permiso por paternidad se podrá disfrutar por los nacimientos,
adopciones y acogimientos que se produzcan a partir del día 24 de marzo de
2007, fecha de entrada en vigor de la Ley para la Igualdad.
•

Esta es una de las conclusiones del último barómetro laboral de Randstad, que también desvela el ranking de los diez sectores empresariales que más empleo están generando. Este análisis también permite hacer una proyección para los próximos meses indicando hacia dónde puede moverse el mercado laboral en 2010.

El nivel de exigencia en la demanda de empleo es otra de las pistas para saber cómo será la generación de empleo en los próximos meses. Y es que según el informe, las empresas valoran cada vez más la especialización y la mejor formación, así como la experiencia acreditada, ya que muchas compañías solicitan referencias de los centros de trabajo previos de los candidatos. Los idiomas siguen siendo fundamentales y casi un 20% de las ofertas gestionadas por Randstad incluyen el inglés como requisito para el puesto.

La estacionalidad sigue siendo otra de las notas predominantes en el panorama laboral español. Por su parte, sobre el tipo de jornada, la oferta sigue demandando jornadas de 39 o más horas en un 84% de las ocasiones.

Ranking de los 10 profesionales más buscados

- Administración y dirección de empresas: concentra el 20% de la oferta actual y se espera que siga al mismo ritmo en los primeros meses de 2010. Contables habituados a utilizar nuevas tecnologías, técnicos de finanzas, gestores de proveedores para realizar el control de cuentas, pedidos yo negociación de precios de compra y administrativos son algunos de los puestos de trabajo más demandados que se engloban en este sector.

- Ventas y comercial: centraliza el 15% de las ofertas de empleo generadas con gran variedad de puestos: desde ingenieros con vocación comercial, hasta gestores comerciales que se encargan de la comercialización y desarrollo del negocio.

- Producción: en este sector se engloban las categorías de electricidad, automoción, limpieza, seguridad, carpintería, agricultura, etc y es que los oficios siguen teniendo un fuerte peso en distintas ramas de actividad, con un 11% del total de la oferta de empleo.

- Atención al cliente: conseguir nuevos clientes y, sobre todo, retenerlos es el objetivo de este perfil profesional con unas funciones que se consideran básicas para el funcionamiento de las compañías. Los requisitos para estos puestos: clara orientación al cliente, capacidad de comunicación, flexibilidad horaria y don de gentes.

- Turismo – restauración: es uno de los sectores más potentes a nivel nacional y las empresas cada vez solicitan profesionales con experiencia demostrable. Recepcionistas, botones, personal de cocina, camareros… .Todos ellos demostrando su orientación al público, gestión del estrés o flexibilidad horaria.

- Logística: distribución, almacenaje, compras y aprovisionamiento y transporte son los cuatro grandes grupos de especialidad de este sector, que requiere profesionales como responsable de almacén, técnico de logística, encargado de inventarios, mozos, manipuladores y reponedores

- Transporte: muy unido al sector logístico, sigue siendo un área estratégica para algunas empresas. Los puestos de carretillero, conductor y repartidor son los más solicitados.

- Finanzas: productos bancarios y bursátiles son las especialidades más demandadas en este ámbito. Aunque la crisis ha provocado una fuerte contracción de este sector, también ha producido un aumento en la petición de determinadas posiciones claves en la empresa, así, los controllers (especialistas en preparación y seguimiento de presupuestos y análisis de desviaciones), contables, gestores de cobros y asesores financieros son algunos de los puestos más solicitados.

- Informática: la apuesta tecnológica de las empresas hace que los programadores e informáticos de sistemas sigan siendo algunos de los puestos más demandados.

- Sanidad: medicina es una de las titulaciones con mejores salidas profesionales debido al déficit de profesionales en este sector. Además, enfermeros, profesionales de farmacia, psicología y medicina alternativa cuentan con una demanda creciente en el mercado.

Fuente:  http://www.blog.untrabajo.es/

El informe destaca que en marzo la tasa de paro será del 19,4%, así como que el número de ocupados continuará mostrando descensos interanuales en los próximos meses.
En este sentido, señala que el número de personas con empleo en marzo próximo será inferior en 411.300 respecto al mismo mes de este año (el 2,2% menos).
Además, indica que casi todos los empleos que se pierdan en marzo corresponderán a hombres, ya que en el primer trimestre de 2010 descenderán en 407.000 las ocupaciones masculinas (el 3,8% menos) y en 5.000 las femeninas (el 0,1% menos).
Esta mayor destrucción de puestos de trabajo masculinos puede provocar que en las comunidades de Cataluña, Madrid y Valencia, la tasa de paro femenino sea inferior a la total, algo que no se registraba desde 1977.

Fuente: LibertadDigital

En Barcelona, las personas que se acercan a las oficinas de Habitatge y Servicios Sociales no son indigentes ni inmigrantes recién llegados, son desempleados y autónomos afectados por la crisis. Han disparado las cifras de solicitudes, la mitad para pagar alquiler o hipoteca, y han hecho que la administración local y autonómica les preste atención. El Ayuntamiento de Barcelona prevé aumentar de 6,9 a 8 millones de euros la partida de este año para saldar esas cuentas. La Generalitat presupuestó 500.000 euros en febrero y el jueves aprobó una dotación de 1,5 millones más.

En La Rioja, el gobierno autonómico ha incluido en su Plan de Vivienda de La Rioja 2009-2012 una ayuda social para el alquiler de familias desahuciadas que cubrirá el 50% de la renta que pagan durante dos años y también subvenciones a los promotores que alquilen sus casas vacías por debajo de 450 euros mensuales. Por su parte, el ayuntamiento de Logroño ayudará a los parados que ya no cuenten con prestaciones sociales por desempleo a pagar su alquiler o hipoteca. La iniciativa se pondrá en marcha en junio con una primera convocatoria y una segunda en el último trimestre del año. Las ayudas se concederán a los solicitantes que presenten una situación de mayor necesidad. Estos son los requisitos que exige el Ayuntamiento de Logroño para conceder la ayuda:

1.- Haber perdido el empleo dentro de los 18 meses anteriores al plazo de finalización de prestación de solicitudes y haber agotado las prestaciones.
2.- Estar empadronado en el piso (12 meses).
3.- No ingresos superiores a los 790 euros (el 150% del Indicador Público de Renta de Efecto Múltiple Mensual Vigente, que es de 527 euros).
4.- No poseer otra vivienda.
5.- Tener al corriente obligaciones tributarias y fiscales.
6.-No tener pendiente de reintegro o justificación de otra ayuda.
7.- En el caso de los alquileres: no podrá existir parentesco (por consanguinidad hasta el tercer grado; por afinidad hasta un segundo grado) entre arrendador y arrendatario.

En Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha garantizado que todas las familias que cumplen con los requisitos exigidos, de las 1.600 solicitudes recibidas, percibirán ayudas anticrisis para pagar servicios básicos relacionados con su vivienda, para lo que la corporación capitalina dispone de hasta 1 millón de euros cedidos por el Gobierno de Canarias. La concejala de Vivienda local, Chani Ruiz ha precisado que los primeros pagos que se han efectuado han ido destinados a pagar los cortes de luz y agua. También se han fijado las ayudas al alquiler en un máximo de 4.000 euros, a pesar de reconocer que hay familias que deben importes superiores a esta cifra. El requisito fundamental para acceder a estas ayudas es que la unidad familiar no supere los 10.000 euros al año de ingresos, por lo que los solicitantes son principalmente familias con alguno o todos sus miembros en paro.

[Nota: Última hora sobre Euskadi: El Gobierno Vasco suprime la recompra de pisos a los parados amenazados de embargo]
En Euskadi, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco garantiza una vivienda pública en alquiler a los ciudadanos en paro que sufran una ejecución hipotecaria –el banco les embarga la vivienda por no poder pagar– o sean desahuciados por no poder hacer frente al alquiler. Pero hay que cumplir unos requisitos: ser parado con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros y no tener otra vivienda en propiedad.

Cuando se trate de una vivienda libre en alquiler, el Gobierno vasco garantizará el cobro de la renta al propietario, como sucede con el programa Bizigune, siempre que éste rebaje el alquiler un 30%. La renta que cobre el casero no podrá superar los 1.050 euros mensuales. Como máximo, el inquilino tendrá que hacer frente a 450 euros. El Gobierno abonará al casero la diferencia que va de esos 450 euros a la renta recortada. Esta medida sí requiere de una orden que debe ser ultimada.

El Plan de Vivienda 2009-2012 del Ministerio de Vivienda incluye también ayudas a inquilinos que, aunque no tienen la etiqueta ‘anticrisis’, también pueden ayudar a las personas con problemas para pagar su alquiler si reúnen los requisitos estipulados en el plan. El solicitante de la ayuda debe ser titular de un contrato de alquiler, ocupar la vivienda como residencia habitual y unos ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el IPREM. Tienen preferencia los colectivos de protección preferente especificados en el Real Decreto 2066/2008. Según el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 2066/2008 se consideran beneficiarios con derecho a protección preferente los colectivos siguientes, definidos por la legislación específica que, en cada caso, les resulte de aplicación:

- Unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múl- tiples (en adelante, IPREM), a efectos del acceso en alquiler a la vivienda, y de 2,5 veces el mismo indicador, a efectos del acceso en propiedad a la vivienda.
- Personas que acceden por primera vez a la vivienda.
- Jóvenes, menores de 35 años.
- Personas mayores de 65 años.
- Mujeres víctimas de la violencia de género.
- Víctimas del terrorismo.
- Afectados por situaciones catastróficas.
- Familias numerosas.
- Familias monoparentales con hijos.
- Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que las tengan a su cargo.
- Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.
- Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.
- Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social determinados por las Comunidades autóno- mas y ciudades de Ceuta y Melilla.

La Renta Básica de Emancipación es otra iniciativa del Ministerio de Vivienda puesta en marcha en 2008 para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes de 22 a 30 años con ingresos anuales brutos que no superen los 22.000 euros. La ayuda consiste en 210 euros mensuales para el pago del alquiler de la vivienda habitual durante un máximo de cuatro años, 600 euros de préstamo que se puede utilizar para la fianza (al finalizar el contrato de alquiler o cuando se deje de recibir la renta de emancipación, se debe devolver esta cantidad) y, si se necesita aval, 120 euros para los gastos de su tramitación.

Leer mas sobre Ayudas anticrisis para pagar el alquiler – Enalquiler.com por blog.enalquiler.com

Este observatorio analiza los precios de 187 productos de más de 4.000 establecimientos de 52 capitales de provincias y toma los datos de las 35 enseñas de distribución más importantes, incluidas las tres marcas líderes en tiendas de descuento.

Según el estudio, la cesta de la compra es un 31% más barata en los supermercados Ahorramas o Mercadona, que en El Corte Inglés, Hipercor, Caprabo o Eroski.

Por zonas geográficas, es más económico adquirir estos bienes en la ciudad de Ávila que en Las Palmas de Gran Canaria o en San Sebastián.

El segundo Observatorio de Precios (el primero se realizió en diciembre de 2008) se evidencia una “reducción” en los precios del sector de la distribución.

Los datos:

1. Mercadona y Ahorramas son los más baratos para comprar
2. Carrefour y Dia
3. El Corte Inglés, Hipercor, Caprabo y Eroski son los más caros

Verduras y frutas, las diferencias de precios pueden llegar hasta el 70%, en pesacodo del 60% y 40% en la carne, respectivamente.

• Frutas y verduras más baratas en Día y en Eroski
• Pescado es más económico en Ahorramas, Mercadona o Sabeco
• Carne en Alimerka, Froiz o El Árbol
• Alimentación envasada es más barato en Alcampo y Carrefour

Los precios de los alimentos envasados son más baratos en A Coruña y Gijón que en Bilbao o en Pamplona, mientras que las frutas y hortalizas son más económicos en Melilla y Córdoba y más caros en Pamplona, San Sebastián y Madrid.

En los productos frescos conviene adquirirlos en Córdoba, y Orense y Zamora las más competitivas en vender carne.



Según los datos facilitados por la centenaria entidad benéfica, desde el verano el número de usuarios ha crecido un 65,3%.

Listado de comedores y puntos de donación de comida
Comedores Públicos Madrid

• María Inmaculada

Dirección: C/ General Martínez Campos 18, Iglesia (L 1). Te: 91 446 6167.
Condiciones: solicitud de plaza las 7:30 horas (dan 5 números por día)
Horario de comedor: de Lunes a Domingo de 12 a 14 horas. También ducha y lavado de ropa.

• Apostólicas del Corazón de Jesús

Dirección: C/ José Marañón 15, Alonso Martínez (L 4, 5 y 10). Te: 91 445 4169
Condiciones: solicitud de plaza a las 11 horas.
Horario de comedor: de 12:45 a 13:45 horas

• San Alfonso

Dirección: C/ Mesón de Paredes 78, Embajadores (L 3 y RENFE). Te: 91 528 5705
Condiciones: solicitud de plaza a las 10:30 horas.
Horario de comedor: de Lunes a Sábado 12:30 horas.

• Hermandad del Refugio

Dirección: C/ Barredera Baja de San Pablo 16, Callao (L 3 y 5). Condiciones: ir por la mañana a solicitar tarjeta para el comedor
Horario de comedor: Lunes a Sábado 18:30 horas.

• Terciarias capuchinas

Dirección: C/ General Asensio Cabanillas 25, Metropolitano (L 6). Te: 91 535 0062
Condiciones: para hombres, sin tarjeta.
Horario de comedor: de Lunes a Sábado de 11:30 a 13:15 horas.

• Hermandad Trinitarias Ave María

Dirección: C/ Dr. Cortezo 4, Tirso de Molina (L 1). Te: 91 429 3997
Condiciones: desayunos
Horario de comedor: de Lunes a Sábado de 9:5 a 11 horas.

• Misioneras de la Caridad

Dirección: Ronda de Segovia 1, Latina, Opera (L 2 y 5). Te: 91 463 3744
Condiciones: los jueves está cerrado
Horario de Comedor: de Lunes a Domingos de 16 a 19 horas.

• Santiago Masarnau

Dirección: C/ Serafín de Asis, Batán (L 10). Te: 91 470 1350
Condiciones: solicitud de plaza los Lunes, Miércoles y Viernes de 9:30 a 11:30 horas, con pasaporte.
Horario de comedor: de Lunes a Sábado de 12:15 a 13:15 horas

• Madre de la Alegría

Dirección: C/ Santa Rosa 11, RENFE Leganés. Te: 91 693 3260
Condiciones:
Horario de comedor: de Lunes a Viernes de 11:30 a 13:00 horas.





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Directorio de Empleo






Es una medida para fomentar y facilitar iniciativas de empleo autónomo, a través del abono del valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones que pretenden incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, constituirlas, o que quieren desarrollar una nueva actividad como trabajadores autónomos.

La capitalización o pago único de la prestación se regula en el artículo 228.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modificada posteriormente por la disposición final tercera de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, por el Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre y por el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre.

• En el supuesto de que un trabajador beneficiario de prestación contributiva por desempleo pretenda incorporarse como socio laboral a una cooperativa o sociedad laboral, de nueva creación o en funcionamiento, podrá obtener el abono de la prestación de una sola vez por el importe que corresponda a la aportación establecida con carácter general en cada cooperativa y a la cuota de ingreso, o al de la adquisición de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral, en ambos casos en lo necesario para acceder a la condición de socio.Se abonará como pago único la cuantía indicada con cargo a la prestación pendiente de percibir, calculada en días completos, a la que se aplicará el importe relativo al interés legal del dinero: el 4% hasta el 31 de diciembre de 2009.
• Además, si no se capitaliza por la modalidad de abono en un solo pago la totalidad de la prestación, en el mismo acto de la solicitud podrá solicitar que la Entidad Gestora abone el importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo restante para subvencionar la cotización a la Seguridad Social correspondiente a la actividad que se inicia.La cuantía de la subvención será fija y equivalente al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social al inicio de la actividad subvencionada, calculada en días completos de prestación. Sobre el importe de la subvención de cuotas no procede aplicar descuento alguno en concepto de interés legal del dinero.

  El derecho a subvención de cuotas se mantiene hasta agotar la cuantía de la prestación por desempleo, siempre que el trabajador permanezca en la actividad.

• Lo previsto en los puntos anteriores también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33%. En este supuesto el trabajador puede solicitar el abono de una sola vez de su prestación contributiva por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir. El indicado límite no afecta a la cuantía que pueden obtener los trabajadores que acrediten una discapacidad en grado igual o superior al 33% y pretendan iniciar una actividad por cuenta propia.
• Si no se capitaliza por la modalidad de abono en un solo pago la totalidad de la prestación, en el mismo acto de la solicitud podrá pedirse el abono del resto para subvención de cuotas de Seguridad Social.

La cuantía de la subvención corresponde al importe de la aportación del trabajador como autónomo a cualquier régimen del sistema de Seguridad Social del mes de inicio de la actividad. No son objeto de subvención, acogiéndose a esta medida de fomento de empleo, las cuotas ingresadas a Colegios Profesionales o a Mutualidades de Previsión Social, por tratarse de sistemas alternativos al sistema público de Seguridad Social.

El Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo y de mejora de acceso y de abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales, ha concretado en tres puntos dichas medidas:

a) Para los beneficiarios de prestaciones por desempleo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos, que sean hombres de hasta 30 años de edad o mujeres de hasta 35 años, ambos inclusive, en el momento de la solicitud, y presenten la solicitud a partir del 20 de agosto de 2009, el límite máximo del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo que se obtenga en un solo pago será del 80% del importe total de la prestación pendiente de percibir.

b) Los beneficiarios de prestaciones por desempleo podrán incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, independientemente de su duración, siempre que cumplan los requisitos exigidos con carácter general.

c) El trabajador autónomo que, desde el 20 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2009, contrate indefinidamente a un desempleado que constituya su primer trabajador asalariado, y no esté en el ámbito de aplicación de las bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo del artículo 5.1 del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo, tendrá derecho, siempre que no haya tenido trabajadores asalariados durante los tres meses anteriores a esa contratación, a una bonificación del 50% en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, por un periodo máximo de 24 meses de duración.

Requisitos:

• Ser beneficiario de una prestación contributiva por desempleo y tener pendiente de recibir, a fecha de solicitud al menos, tres mensualidades.
• No haber hecho uso de este derecho, en cualquiera de sus modalidades, en los cuatro años inmediatamente anteriores.
• Acreditar la incorporación como socio trabajador a una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral, de nueva creación o en funcionamiento, de forma estable. En el caso de querer incorporarse a una cooperativa o una sociedad laboral, el trabajador no ha tenido que tener un vínculo contractual previo con ella superior a 24 meses.
• Acreditar la realización de una actividad como trabajador autónomo.
• En caso de haber impugnado ante la jurisdicción social el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo cuya capitalización sepretende, la solicitud de pago único deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente.

Documentación a presentar:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal.
b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
c) En caso de trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores a tres veces el importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, mediante certificado de la declaración responsable efectuada por el trabajador ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
d) En el caso de viudedad, mediante certificado expedido por el correspondiente organismo de la Seguridad Social.

Las ayudas, cuantías y requisitos son los siguientes:

Ayudas al Transporte:

Transporte Público:  Importe billetes (Máx. 1,5 €/día)

Requisitos:

• Billetes de transporte utilizados (sencillo/abono/…)
• Asistencia a sesiones presenciales de formación
• Demanda de empleo actualizada (inscripción de alta como desempleado)
Transporte en Vehículo Propio:  0.19 €/Km./día
• Certificado de empadronamiento actualizado
• Acreditación de falta de medios de transporte público entre el domicilio y el centro de formación.

Ayudas a la Manutención: Máx. 12 €/día

Requisitos:

• Jornadas de impartición partidas (mañana/tarde)
• Certificado de empadronamiento actualizado
• Justificantes del gasto por comida.

Ayudas al Alojamiento y Manutención: Máx. 80 €/día natural + Importe billetes (desplazamientos inicial/final)

Requisitos:

• Certificado de empadronamiento actualizado
• Billetes de transporte
• Contrato arrendamiento/factura de hospedaje
• Justificantes de gastos por manutención.

Ayudas a la Conciliación: 75% IPREM/diario (IPREM 2009=17,57 €) 75% = 13.18 €/d

Requisitos:

• Hijos < 6 años/familiares dependientes hasta 2º grado
• Rentas < 75% IPREM
• Copia Libro Familia/doc. justificativa grado parentesco con familiar dependiente
• Documentación acreditativa del grado de dependencia del familiar atendido por el solicitante (informe sanitario de valoración del grado de dependencia, certificado de discapacidad si lo hubiere, etc.)
• Documentación acreditativa de que el familiar dependiente está a cargo del solicitante (certificado empadronamiento que integre todas las personas que conviven en el domicilio, certificado del Centro de Servicios Sociales, resolución Programa Individual de Atención, etc.)
• Acreditación de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, mediante copia completa del impreso de declaración de la renta o certificado de rentas expedido por la Agencia Tributaria.
• Certificado acreditativo de la oficina de empleo de no haber rechazado ofertas de trabajo adecuadas ni de participación en actividades de promoción o reconversión profesional (1 mes después de agotar prestación/subsidio).

Beca por Discapacidad: 9 €/día

Requisitos

• Certificado de discapacidad (IMSERSO o Adm. Competente)

La entidad formadora está obligada a informar sobre estas becas y ayudas y, en su caso, a entregar al alumno las fichas de solicitud para las mismas. Este impreso de solicitud tiene carácter mensual, de modo que para las acciones formativas que contemplen distintos meses en sus períodos de ejecución han de presentarse tantas solicitudes como meses abarque el curso, sin necesidad de presentar repetidamente documentos vigentes a lo largo de todo el curso (certificados de empadronamiento, libro de familia, acreditación de rentas, etc.).

Plazo: Las ayudas y becas se pueden solicitar durante todo el 2009. Los trabajadores desempleados participantes en las acciones formativas pueden presentar las solicitudes en el plazo máximo de un mes desde su incorporación a la acción formativa.

Más información en: http://www.becas2010.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5:becas-para-los-desempleados-que-realizan-cursos-de-formacion&catid=1:becas

Según explica el Gobierno, la solicitud deberá presentarse dentro de los sesenta días siguientes al agotamiento de la prestación o el subsidio por desempleo.

Requisitos:

• Los desempleados menores de 65 años que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo desde el día 1 de agosto y los 180 días naturales siguientes a esa fecha y no tengan derecho al subsidio.

• Además, no podrán tener rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

• Los que hayan extinguido por agotamiento, incluidas las prórrogas, los subsidios por desempleo.

• Deberán estar inscritos como demandantes de empleo.

• Tendrán que suscribir el compromiso de participación en itinerarios activos de inserción.

• Deben comprender que su percepción será incompatible con otras rentas concedidas por las distintas Administraciones Públicas.

• Existe la obligatoriedad de comprometerse a realizar las distintas actuaciones que se determinen por el Servicio Público de Empleo correspondiente.

Se pueden beneficiar de ella personas que hayan perdido el empleo de forma definitiva, a causa de un despido o al finalizar un contrato temporal.

También tienen derecho a esta prestación:

• Quienes pierdan el empleo de forma temporal.
• Quienes vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos en una tercera parte, con la correspondiente reducción proporcional del salario.

La pérdida temporal de empleo y la reducción temporal de jornada se producen cuando una empresa presenta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en la mayoría de casos a causa de una fuerte caída de la producción.

Además de perder el empleo de forma definitiva o temporal, para tener derecho a la prestación por desempleo hay que cumplir otros requisitos. Son éstos:

• Estar afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en un régimen que contemple la contingencia por desempleo.
• Encontrarse en situación legal de desempleo y acreditar disponibilidad para buscar trabajo activamente y para aceptar una colocación adecuada.
• Haber cotizado a la Seguridad Social durante un período de al menos doce meses. No es necesario haber trabajado doce meses seguidos, sino doce meses en total durante los seis años anteriores al momento de perder el empleo.
• No haber cumplido la edad que da derecho a la pensión de jubilación.

[ Qué trámites hay que seguir ] Hay que dirigirse a la oficina de empleo que corresponda, que viene determinada por el distrito postal del pueblo o ciudad donde vive la persona. Para saber qué oficina nos corresponde podemos llamar a la Consejería de Empleo de nuestra comunidad autónoma y solicitar información.

Conviene pasar por la oficina lo antes posible, ya que los trámites para cobrar la prestación deben realizarse durante los 15 días hábiles posteriores al despido o a la finalización del contrato. Es mejor no esperar al último momento porque en algunos casos pueden ser necesarios varios días para conseguir todos los documentos que nos piden.

La documentación básica que hay que presentar incluye:

1. Impreso de solicitud de la prestación por desempleo cumplimentado. Hay que indicar los datos personales.
2. Original del DNI o NIE (Número de Identificación de Extranjeros) y una fotocopia.
3. Impreso de domiciliación bancaria, en el que debemos indicar la entidad y el número de cuenta donde queremos que nos ingresen la prestación. Una vez cumplimentado hay que llevarlo al banco para que lo vise, es decir, para que confirme que los datos de la domiciliación son correctos. Luego hay que entregarlo a la oficina de empleo.
4. Comunicación de datos al pagador. Es un impreso del Ministerio de Hacienda que hay que rellenar con datos personales como el número de hijos para que se nos aplique la retención correspondiente del IRPF de acuerdo con nuestra situación particular.
5. Compromiso de actividad. El beneficiario de la prestación por desempleo ha de firmar este documento por el que se compromete a buscar trabajo activamente, presentarse a cubrir las ofertas de trabajo que le facilite la oficina de empleo, aceptar ofertas adecuadas y participar en acciones de información y orientación, etc.
6. Autorización para recoger información de la Agencia Tributaria. El beneficiario ha de autorizar a la oficina de empleo para que pueda consultar informáticamente ciertos datos fiscales. Si no la autoriza, deberá aportar él mismo esa información.
7. Certificado de empresa (rellenado, sellado y firmado) de los últimos 180 días cotizados. Este documento hay que pedirlo en la empresa. Deben entregarse en la oficina de empleo tantos certificados como empresas donde se haya trabajado en los últimos seis meses.
8. TC-2 de los últimos 180 días cotizados sellados por la entidad financiera (fotocopias). Este documento también hay que pedirlo a la empresa, excepto si está acogida al sistema RED. En ese caso la oficina de empleo puede acceder a la información que necesita informáticamente.
9. Última nómina y fotocopia de cada relación laboral finalizada en los últimos 180 días cotizados.
10. Documentación que acredita la situación legal de desempleo. La más habitual es la carta de despido, el contrato y la comunicación de cese, el acta del CMAC o la sentencia judicial.

La oficina de empleo facilita los impresos correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 5 y 6. El interesado ha de pedir a la empresa los documentos de los puntos 8, 9 y 10.

Además de toda esta documentación, en la oficina de empleo pueden pedirnos el libro de familia u otros documentos. [ Vacaciones ]

Una de las modificaciones que introdujo el Real Decreto Ley 5/2002 de 24 de mayo de Medidas Urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo es la que hace referencia a las vacaciones.

Antes de la reforma, el trabajador podía tramitar la prestación por desempleo al día siguiente de ser despedido. Ahora, si tiene días de vacaciones pendientes debe esperar a que transcurran antes de iniciar los trámites en la oficina de empleo, si bien este período se considera como ocupación cotizada.

[ Fuentes ]

- Josep M. Díaz Isern, director de la Oficina de Treball de la Generalitat Barcelona-Sant Andreu.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es)

Soluciones ante la crisis

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha tomado esta medida «para favorecer el poder adquisitivo de las personas desempleadas que hayan invertido en estos planes de pensiones».

Hasta ahora, ese reglamento establecía que el parado tenía que estar un periodo mínino continuado de 12 meses en situación legal de desempleo, además de hallarse inscrito como demandante de una ocupación y no tener derecho o haber agotado la prestación contributiva. En el caso de los autónomos, requería el cese de actividad y estar inscrito como demandante de empleo también durante 12 meses como mínimo

Así, el Consejo de Ministros ha acordado suprimir el requisito de los 12 meses en ambos casos, de modo que el desempleado podrá disponer antes de su plan de pensiones una vez agotada la prestación contributiva o en caso de no tener derecho a la misma. Por su parte, el autónomo que cese en su actividad y se inscriba como demandante de empleo también podrá percibir el plan sin esperar dicho período.

Bonificaciones para los autónomos y cambios en la capitalización del paro

Por otra, parte, el Gobierno, dando cumplimiento a un acuerdo cerrado con las organizaciones de autónomos, acordó también varios cambios ventajosos para el colectivo, así como para cooperativas y sociedades laborales.

Entre éstos, el aumento hasta el 80% del límite de pago único de prestación destinada a inversión para jóvenes de hasta 30 años o mujeres de hasta 35. Además, se elimina el actual límite de 24 meses que tienen los asalariados para optar a ser socios de las cooperativas. Ambas medidas estárán vigentes hasta 2010.

Los autónomos verán bonificadas durante 24 meses y en un 50% las cuotas de la Seguridad Social del primer asalariado que contraten de forma indefinida. Algo que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, el Ejecutivo acordó cancelar las deudas contraídas por cooperativas y sociedades laborales con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), resultado de la crisis de los pasados años ochenta.





• Estar desempleado.
• Tener cumplidos 52 años en la fecha de solicitud.
• Estar inscrito como demandante de empleo y no haber rechazado oferta de empleo adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, en el plazo de un mes.
• Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
• Haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral.
• Cumplir todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión de jubilación en el Sistema de la Seguridad Social.
• Estar incluido en alguno de los supuestos siguientes:

• Haber agotado una prestación contríbutiva por desempleo, sin que sea exigible tener responsabilidades familiares.
• Ser emigrante retornado (haber trabajado como minimo 6 meses en el extranjero desde su última salida de España) sin derecho a prestación contributiva por desempleo.
• Ser liberado de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo cuando la privación de libertad hubiera sido por tiempo superior a 6 meses.
• Haber sido declarado plenamente capaz o inválido parcial como consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez absoluta o total para la profesión habitual.
• Estar en situación legal de desempleo, no tener derecho a prestación contributiva por desempleo por no haber cubierto el período mínimo de cotización (12 meses), siempre que hayan cotizado, al menos, 3 meses.
• Haber permanecido inscrito como demandante de empleo desde el agotamiento de una prestación contributiva o subsidio por desempleo hasta cumplir los 52 años.

Duración

• Hasta que el trabajador alcance la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación en cualquiera de sus modalidades (normal o anticipada).

Contenido del subsidio

• Percepción económica del 75 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
  Si el acceso a este subsidio proviene por agotamiento de una prestación contributiva por desempleo o por estar en situación legal por desempleo, y no tener cubierto el período mínimo de cotización para una prestación contributiva, deberá tenerse en cuenta si el trabajo por el que accedió a la prestación agotada, o el trabajo ejecutado para generar este subsidio se efectuó a tiempo parcial, en cuyo caso la cuantía del subsidio se percibiriá en proporción a la jornada de trabajo que hubiera efectuado y la base de cotización a la Seguridad Social, estará en la misma proporción.
• En el caso de reunir los requisitos exigidos para acceder al “Subsidio Especial para trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado una prestación por desempleo de 24 meses”, la cuantía de este Subsidio durante los 6 primeros meses, será igual a la señalada para dicho “Subsidio Especial”.
• La Entidad Gestora (INEM o ISM) ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria, protección a la familia y jubilación.

Tramitación

• La solicitud se formalizará en el plazo de 15 días, una vez transcurrido el mes de espera o, en su caso, desde que se cumpla la edad de 52 años.
• La documentación que se deberá aportar está en función de la situación de acceso a este subsidio, pudiéndose informar en la Oficina de Empleo u Oficina de Información Socio-Laboral de la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha tomado esta medida «para favorecer el poder adquisitivo de las personas desempleadas que hayan invertido en estos planes de pensiones».

Hasta ahora, ese reglamento establecía que el parado tenía que estar un periodo mínino continuado de 12 meses en situación legal de desempleo, además de hallarse inscrito como demandante de una ocupación y no tener derecho o haber agotado la prestación contributiva. En el caso de los autónomos, requería el cese de actividad y estar inscrito como demandante de empleo también durante 12 meses como mínimo

Así, el Consejo de Ministros ha acordado suprimir el requisito de los 12 meses en ambos casos, de modo que el desempleado podrá disponer antes de su plan de pensiones una vez agotada la prestación contributiva o en caso de no tener derecho a la misma. Por su parte, el autónomo que cese en su actividad y se inscriba como demandante de empleo también podrá percibir el plan sin esperar dicho período.

Bonificaciones para los autónomos y cambios en la capitalización del paro

Por otra, parte, el Gobierno, dando cumplimiento a un acuerdo cerrado con las organizaciones de autónomos, acordó también varios cambios ventajosos para el colectivo, así como para cooperativas y sociedades laborales.

Entre éstos, el aumento hasta el 80% del límite de pago único de prestación destinada a inversión para jóvenes de hasta 30 años o mujeres de hasta 35. Además, se elimina el actual límite de 24 meses que tienen los asalariados para optar a ser socios de las cooperativas. Ambas medidas estárán vigentes hasta 2010.

Los autónomos verán bonificadas durante 24 meses y en un 50% las cuotas de la Seguridad Social del primer asalariado que contraten de forma indefinida. Algo que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, el Ejecutivo acordó cancelar las deudas contraídas por cooperativas y sociedades laborales con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), resultado de la crisis de los pasados años ochenta.